Monake en la rueda de prensa que ofreció en el Centro de Lesionados Medulares de Vallecas. (Foto: FERNANDO ALVARADO)

Según la ONG SOS Racismo, sólo en la Comunidad de Madrid se han producido 57 casos de discriminación y agresión xenófoba desde el mes de enero. La mayoría de ellos están producidos por agresiones de agentes de seguridad privados que impiden el acceso a locales o medios de transporte sólo de blancos a personas de otras culturas. Un ejemplo reciente es la paliza propinada a un ciudadano de origen sierraleonés por los servicios de seguridad de la estación de Atocha y que le ha dejado sordo de un oído. Hecho que aún no ha sido juzgado.

Más grave, si cabe, es el caso del ciudadano de origen congoleño Miwa Buene Monake que, de resultas de una agresión racista en el centro de Madrid, ha quedado tetrapléjico sin que la fiscalía haya intervenido, tras ocho meses. Miwa Buene Monake, economista de origen congoleño, denunció que trabajaba como intérprete de la Asociación Católica de Migraciones. Residente en Alcalá de Henares, el pasado 10 de febrero fue agredido en plena calle y por la espalda por Roberto Alonso de Varga. El agresor, jaleado por un grupo de personas que como él mostraban estética nazi, gritaba a Miwa, mientras le golpeaba en la nuca: "Arriba España. Eh, tú, mono, tu sitio no está aquí, tu sitio está en el zoo". El golpe propinado y la caída le provocaron la rotura de tres vértebras y una lesión medular que le ha dejado tetrapléjico.

Recientemente, Miwa convocaba una rueda de prensa en el Centro de Lesionados Medulares de Vallecas para denunciar su situación y la inoperatividad de la justicia. El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares tomó declaración al acusado por un delito de racismo hace siete meses. Después de ese tiempo el fiscal no ha tomado ninguna iniciativa y el proceso está detenido, el agresor en la calle y Miwa en silla de ruedas.

Acuciada por la presión de los grupos contra la Intolerancia, la Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado que facilitará la reagrupación familiar de Miwa y traerá a sus dos hijos, de 10 y 12 años, a España. El Movimiento contra la Intolerancia que preside Esteban Ibarra, la Delegación del Gobierno y el IVIMA se han comprometido, además, a asumir los gastos del viaje de los hijos y a intentar cambiar a Miwa su domicilio por otro adecuado a las necesidades de un tetrapléjico.

Pero eso no acalla la situación de impunidad en que viven los agresores, el mensaje trasmitido a la sociedad de lo barato que sale destrozar la vida a una persona y el respaldo a posturas xenófobas más extendidas de lo que pensamos. De hecho, al igual que ha ocurrido en Barcelona, el agresor, Roberto Alonso de Varga, perfectamente identificado por los testigos, sólo tiene que ir dos veces al mes al Juzgado número 4 de Alcalá para firmar.

Asociaciones ciudadanas exigen ante estos casos una actuación ejemplar de las autoridades que erradique estos comportamientos y una mayor pedagogía ciudadana que evite el proselitismo racista. Internet es la sede de vídeos que muestran cientos de agresiones escandalosas, lo que le convierte en un templo de la violencia, y nadie actúa de oficio. Grupos pro derechos como el de Ibarra han exigido estos días en declaraciones al diario El País "la creación de una fiscalía especializada, una acción firme de la justicia, protección para las víctimas, una legislación contra el racismo, mayor implicación de los atestados policiales, una mejor actuación fiscal ante estos hechos y un sistema informático que permita ordenar estos delitos para identificar rápidamente al agresor".

Un niño se manifiesta contra el racismo.

Para facilitar la asistencia a las víctimas y el asesoramiento, el Movimiento contra la Intolerancia ha habilitado el teléfono 902 180 995.
Pero esta actitud se extiende sin control en nuestro país, por lo que las posibilidades de nuevos casos aumentan. Sólo en internet 400 webs en castellano y foros sirven de punto de contacto, información o coordinación de grupos racistas organizados, que extienden su filosofía y captan nuevos adeptos.

Los datos han sido facilitados por Marcos Alós, director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), durante la presentación de la campaña Pasaporte Europeo Contra la Intolerancia, que promueve esta institución junto al Movimiento contra la Intolerancia. Ambos han pedido el cierre de los servidores web que facilitan estas páginas y el desarrollo de una legislación internacional "que impida que haya servidores que alimenten estas web racistas".
Ambos han coincidido en que algunas de las razones de este rebrote de actitudes y comportamientos racistas está asociado a la extensión y connivencia social con una subcultura de la violencia que está por todas partes, así como a un tratamiento legislativo "deficitario" de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Hecho éste confirmado en una reciente conferencia por el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, que también insistía en la falta de control y educación de los jóvenes, ante la dejación de las obligaciones de Patria Potestad de los padres y las funciones educativas de la sociedad, amparados todos en una mal entendida protección de los derechos de los menores.

Según un reciente estudio de estas asociaciones, entre un 15% y un 20% de los jóvenes "echarían a los judíos de España", mientras que entre un 3% y un 15% "implantarían las cámaras de gas como método de pena de muerte".

El crecimiento peligroso de estos comportamientos crece con el aumento de la presencia de minorías étnicas y de inmigración importantes, así como también por "una realidad religiosa diversa". Frente a ellos, los agredidos, temerosos de una expulsión o un mayor rechazo social, no denuncian o abandonan los procesos judiciales abiertos, lo que facilita que no prosperen. Movimientos de todo tipo, vinculados a la defensa de los derechos humanos, han constatado un aumento del rechazo y la fobia a los extranjeros, especialmente musulmanes, tras los atentados perpetrados del 11-M.