El último regalo de la ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, antes de irse al Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido firmar la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco para el uno de enero del 2011, fecha que posteriormente se pospuso al día dos por la fiesta de año nuevo.

El tabaco provoca unas 50.000 víctimas mortales cada año en España.

Esta ley prohibe fumar en locales públicos cerrados, lo que abarca bares, restaurantes y locales abiertos al público, sin tener la posibilidad de habilitar una zona para la gente fumadora, en hospitales y sus respectivos alrededores, en centros educativos y áreas cercanas a estos y en las zonas de ocio infantil, como por ejemplo los parques.
Los lugares públicos cerrados en los que se permite fumar son los estadios, las plazas de toros, recintos abiertos y áreas abiertas de los campus universitarios.

Para los que sean de espíritu rebelde, no es ocioso recordar que la ley sanciona con multas desde 30 a 600.000 euros su incumplimiento.

Esta ley ha creado una gran polémica en España, y un enfrentamiento entre no fumadores y Gobierno contra fumadores y hosteleros.

El Gobierno justifica que esta ley se ha llevado a cabo por el bien de la sociedad española, pese a que el cobro de impuestos por la venta de tabaco sea uno de sus mayores ingresos y que haya la posibilidad del permiso de venta de tabaco en estos locales, utilizando como argumento que podría ser perjudicial para la economía del país.

Debe ser que el Gobierno no ha tenido en cuenta otras consecuencias negativas de esta ley que serán muy notables en la economía española, como el sector hostelero, que sufrirá un 10% de descenso en sus ventas gracias a esta nueva prohibición, con lo cual o el Gobierno no considera que esto será la gota que colmará el vaso en nuestra economía o no se ha parado a pensar en sus consecuencias.

Otra contradicción del Gobierno que también ha creado una gran polémica entre hosteleros y propietarios de lugares abiertos al público ha sido la decisión que tomó al imponer una ley que obligaba a establecer unas medidas de seguridad en los locales que decidieron establecer zonas de fumadores y de no fumadores, lo cual les costó a estos una gran inversión para que ahora, cinco años después, haya sido en vano.

El Gobierno dice responsabilizarse de las pérdidas ocurridas, sin tener en cuenta la situación de crisis en la que está el país.

Ambas partes del conflicto, la gente en contra y la gente a favor, reivindican sus derechos, ya sea por una parte el derecho a estar en un espacio sin humos, y por otra el derecho a fumar o a permitir fumar en su propio local.

La decisión que ha tomado el Gobierno ha sido la prohibición total, que de este modo consigue acercarse más al estilo europeo, lo cual también lo beneficia.

En mi opinión la decisión que ha tomado el Gobierno es errónea, cada persona tiene la libertad de elegir el local al que quiera acudir, lo que respetaba la antigua ley, la cual establecía que el dueño del local podía determinar o no el permiso de fumar, o incluso dividir el local en dos partes, una para fumadores y otra para no fumadores.

Una persona no fumadora, que no tolere el tabaco, o su uso en locales abiertos al público, tiene derecho a decidir los locales que quiera transitar, ateniéndose a las consecuencias si desea acudir a un local para fumadores, y el derecho a decidir las características de su propio local por parte de los propietarios.

Las personas tienen el derecho a decidir si quieren o no fumar, siendo consecuentes y respetando los sitios en los que no deben hacerlo, como en locales que no lo permiten o en lugares públicos.

Estoy de acuerdo con la prohibición del tabaco en lugares públicos, ya que son servicios comunes y no tienes ningún poder de decisión sobre acudir a ellos o no, y la prohibición en sitios de uso infantil, puesto que los menores tienen el derecho a un espacio sin humos, sin tener en cuenta los motivos de salud obvios.

Por lo tanto, las aportaciones negativas de esta ley serán una gran cantidad de conflictos y una desmejora de la economía actual en España, lo cual no compensa con los beneficios que, por supuesto, no serán para nada económicos, ya que dudo de que el incremento de la población española no fumadora sea muy notable.