Económicamente hablando, los pasados días nos han traído la crónica de una muerte anunciada, como se suele decir en estos casos, la de Nueva Rumasa. Lo cierto es que los últimos meses han sido una carrera contrarreloj entre las autoridades españolas y el grupo, empeñado en escurrir cada paso que el Ministerio de Salgado daba para estrechar el cerco sobre el empresario jerezano.

José María Ruiz Mateos hace el símbolo de victoria.

Era obvio, desde hace meses, que las fuentes de financiación de Nueva Rumasa ofrecían a sus bonistas rentabilidades imposibles. Tan obvio como que los fondos recaudados no se correspondían con adquisiciones por igual importe, con lo que el grupo estaba recaudando dinero para tapar deudas, en un ejercicio piramidal, al más puro estilo Madoff. Con cada emisión de pagarés y deuda, el grupo recaudaba fondos para devolver deudas anteriores y compromisos de pago, volviendo luego a endeudarse, para devolver los pagarés anteriores. Pero ni eso había sido útil en los últimos 12 meses, en los que Rumasa dejó de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social.
Ya en marzo del 2009 saltaron las primeras alarmas, cuando los analistas comprobaron que las emisiones de pagarés de Nueva Rumasa, profusamente anunciados en televisión no solo se ofrecían y colocaban a inversores privados (atraídos por el enorme interés), sino a proveedores, que estaban cobrando con títulos de deuda.

Amparado en una campaña publicitaria agresiva y que se dejaba enormes sumas de dinero en anuncios en la prensa a doble página, la familia Ruiz Mateos ofrecía pagarés empresariales con un importe mínimo por inversor de 50.000 euros, con rentabilidades de hasta el 10 por ciento. Para ello, la campaña publicitaria presentaba a Nueva Rumasa como uno de los grupos empresariales más importantes de España con una valoración patrimonial de más de 3.000 millones en compañías líderes de sus mercados (Clesa, Garvey, Hibramer, Cacaolat...).
Pero ya entonces algo resultaba sospechoso. La rentabilidad ofrecida era alta, especialmente en una época, estos dos últimos años, en los que en plena crisis bursátil y bancaria no había alternativas de semejante calado. El problema se encontraba en averiguar la solvencia de la compañía emisora, dado que al no cotizar en bolsa no está obligada a publicar sus resultados. El riesgo se completaba con el hecho de que los pagarés no se acepten en un mercado secundario (no cotizan en bolsa, por lo que de venderlos debía ser mediante operación privada y buscando el vendedor a quien quisiera comprarlos). Todos estos hechos habían llevado a la compañía a un primer enfrentamiento con el CNMV a fines de 2009, que sospechaba de la viabilidad de esta operación financiera.
Una segunda sospecha radicaba en la forma de informar a los inversores. Ante la petición de información sobre el grupo, el vicepresidente de Nueva Rumasa había asegurado que las inversiones estaban respaldadas por empresas tangibles y de mucho futuro, que ofrecían al inversor toda la información que este requiriese, como datos de auditoría, informes, memoria del grupo, etc. Pero eso tampoco era cierto, pues en la práctica la información que daba era sólo de la empresa sobre la que recaían los pagarés, en muchos casos Carcesa (que comercializa la marca Apis y zumos Fruco), cuando su patrimonio no era suficiente para cubrir esas emisiones.
Sin embargo, el grupo disipó dudas hasta hace un año, tirando de los datos de un imperio que pretendía reconstruir la antigua Rumasa, expropiada en 1983 y que en 2010 ya contaba, otra vez, con 107 empresas y más de 10.000 empleados. Una amalgama empresarial que crecía con la incorporación continua de nuevas empresa a costa de aplazar pagos a los proveedores en periodos incluso superiores a un año, renegociando continuamente las deudas, y bajo la estructura de un grupo de empresas que, al no ser un 'holding' propiamente dicho, nunca se ha sabido qué estrategia comercial sigue y si ésta es común a cada dirección financiera.

Ruiz Mateos acompañado de seis de sus hijos.

De hecho, en todos estos años presumiendo de Nueva Rumasa, una sencilla investigación demuestra que no existe un holding o empresa con tal nombre, ni siquiera una página web del grupo. Nueva Rumasa sólo existe por las noticias que se dan de ella, quedando constancia pública de su existencia por tan solo una especie de blog ('Ruiz Mateos al día') en el que suben las noticias y artículos de opinión que tratan bien al grupo y ninguna mala, claro.
Esta falta de fiabilidad y confianza se correspondía con otra sospecha: Nueva Rumasa se basó desde su nacimiento mediático en adquirir compañías al borde de la quiebra, que nunca quedaron vinculadas a una empresa matriz que consolidase sus resultados, por lo que es casi imposible comprobar la facturación de 1.500 millones de euros que el grupo dice tener. Algunas empresas en las que basa su negocio, como la hotelera Hotasa o Carcesa (sobre la que recae la emisión de pagarés) ofrecen beneficios en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Carcesa, empresa que adquirieron a Kraft Foods a principios de 2008, ha tenido unas ventas en el último año de 97 millones de euros, dato que no se puede comprobar porque las últimas cuentas depositadas de la empresa datan de 2006.
La empresa hotelera del grupo, por su parte, registró unas ventas en 2007 de 1,7 millones de euros mientras que sus beneficios fueron de 6.000 euros.

Sin embargo, la pretendida matriz del grupo, Nueva Rumasa S.A., por ejemplo, ha tenido unas pérdidas en el último ejercicio depositado (2007) de 200.000 euros. Además, esta misma empresa, que según sus datos tiene como objeto social "la adquisición, venta y explotación de inmuebles", es una de las pocas que cuenta entre sus directivos con los hijos de José María Ruiz Mateos (tiene siete hijas y seis hijos, estos últimos son los que llevan la compañía). El director general de Carcesa, por ejemplo, es Gustavo Carpintero Soria y la de Hotasa Encarnación Solana Contreras. Otras empresas que también pertenecen al grupo, como Jotsa, igualmente registraron pérdidas en las últimas cuentas depositadas en el Registro.

La situación que describo resultó tan escandalosa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió en abril del pasado año regular para frenar esas emisiones de pagarés de alta remuneración, y sin control. Para ello, la nueva Ley del Mercado de Valores comenzó a exigir la existencia de una entidad bancaria que avalara estas emisiones de deuda, en un cambio legal realizado casi exclusivamente para frenar los riesgos de Nueva Rumasa. Pero la respuesta del grupo el pasado verano fue cambiar de producto financiero para eludir la ley, empleándose a fondo en las ampliaciones de capital, que tampoco necesitaban, al estar cotizando las compañías, consentimiento de la CNMV, ni exigen una rentabilidad fija ni operan en un mercado organizado y regulado. Tras obtener por esta formula más de treinta millones de euros, vía ampliación de Dhul y Clesa, y ante la amenaza de una segunda regulación, Nueva Rumasa inició una tercera fórmula de financiación, mediante el envío de cartas a inversores, en las que ofrecía pagarés emitidos por Rumanova, contra el capital de Dhul y Clesa, con promesas de interés de entre el 10% y el 12%, según plazo de amortización.

Ahora finalmente llega la suspensión de pagos, sin que nadie haya respondido aun a dos preguntas. ¿Por que la CNMV y Hacienda no acabaron con este juego del gato y el ratón y tomaron cartas en el asunto, antes de que nos encontremos otra vez como en Afinsa, con miles de bonistas e inversores que quizá no recuperen su dinero?. ¿Cuantos agujeros negros más como este hay en el mercado?