Hoy hablamos de una norma programática (como su nombre indica es una norma basada en un programa, concretamente y en este caso el del partido socialista). Esta norma consta de unos principios rectores que posteriormente deberán desarrollarse. La misma tiene un carácter general y por lo tanto será desarrollada por otras normas específicas que tendrán una aplicación práctica, con un desarrollo posterior a la norma general.

Index de la página web 'Economía sostenible'.

Ha sido pensada para cambiar el modelo productivo que nos ha llevado a la actual crisis económica. Con ella se pretenden desarrollar unas normas que permitan un desarrollo sostenible.

¿Qué entendemos por desarrollo sostenible?

El desarrollo sostenible pretende la evolución y la mejora económica de la sociedad sin olvidar el respeto a nuestra forma de vida, el respeto al medio ambiente y, como no, la calidad de vida de los ciudadanos.

Un ejemplo de no desarrollo sostenible es el famoso boom de la construcción sin tener en cuenta el impacto ambiental, las normas urbanísticas, así como el derecho a un trabajo digno y bien remunerado.

¿Qué entendemos por economía sostenible?

Es un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental, en una economía productiva y competitiva que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, garantizando el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

¿Por qué principios se rige?

Mejora de la competitividad, a través de la formación, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, lo cual nos permitirá competir en los mercados internacionales. La inversión en I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) pretende fomentar el gasto en investigación que nos permita, a través de especialistas mejor formados, competir con otros países.

Fomento de la capacidad innovadora de las empresas.
El Estado incentivará la renovación de los sectores tradicionales para hacerlos más competitivos y modernos.

Ahorro y eficacia energética, propiciando una reducción de costes preservando los recursos naturales. Lo que se trata es de conciliar las energías necesarias con el cuidado y protección al medio ambiente, no esquilmando los recursos naturales sino apostando por las energías renovables que, como su propio nombre indica, no tienden a su agotamiento sino a su uso y disfrute, sin ir en detrimento o en perjuicio de la propia naturaleza.

Promoción de energías limpias, reduciendo las emisiones y los residuos productivos.

Racionalización de la construcción residencial. Es decir, moderar la construcción, atendiendo a las necesidades reales y no a las especulativas. Este último hecho nos ha llevado a la crisis actual, aunque no ha sido el único motivo pero sí determinante del retraso en salir de referida crisis.

Mejora de la calidad de la educación y de la formación continua, persiguiendo la cohesión social y el desarrollo personal de los ciudadanos.

Fortalecimiento y garantía del Estado Social.
Se pretende un avance paralelo entre el progreso económico y la mejora de las prestaciones sociales, intentando con ello evitar las desigualdades económicas, origen del conflicto social.

¿Qué inconvenientes tiene a día de hoy?

Uno de los grandes problemas es que el proyecto de esta ley no está consensuado con los partidos, sindicatos y patronal, ni tampoco con los gobiernos autonómicos.

Otro problema, no menor, es cómo se puede planificar la economía en un modelo económico como el nuestro de libertad de mercado.
No se contemplan reformas laborales, las cuales reclaman un amplio sector con la idea de que darían más competitividad y crearían empleo.

Finalmente, como acompañamiento de esta ley y como consecuencia de la misma, se ha introducido una regulación especial para combatir la piratería en internet, lo cual ha levantado una gran polémica entre los usuarios.

A grandes rasgos, se crea un procedimiento especial para el cierre de páginas web que permitan las descargas ilegales, defendiendo a ultranza el Gobierno los derechos de autor, en detrimento del derecho de todos los internautas a navegar libremente por la red.

Se crea una comisión que determina qué páginas se deberán cerrar, apercibiendo a las mismas para que cierren preventivamente; si no lo hacen, un juez de la Audiencia Nacional, previa audiencia de las partes, deberá resolver en cuatro días. Es un procedimiento especial muy criticado por todos los sectores. Esta crítica tiene su base en que se crea una excepción grave en el trámite judicial al uso que regula los conflictos habituales en los juzgados españoles. Así, cualquier reclamación judicial ordinaria conlleva un trámite de al menos un año para la resolución del problema planteado.

Sin embargo, en el caso concreto y en beneficio de un colectivo determinado, se da un tratamiento especial para resolver el problema de la posible vulneración del derecho de autor frente a los derechos que pueden asistir a los usuarios de internet, lo cual podría vulnerar varios preceptos constitucionales.

Más información:

http://www.economiasostenible.gob.es/wp-content/uploads/2009/12/2_4_anteproyecto.pdf

http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/F0B75196-2B80-4277-A825-B8C2C89AD6A8/99971/Presentacion_LES_271109_13h.pdf