¿De quién es mi tierra? Ésta es la pregunta que se hacen muchos los ciudadanos de Cantabria viendo los medios de comunicación. Por un lado está la Dirección General de Montes diciendo que estos son de utilidad pública y, por lo tanto, no puede haber propiedades privadas en ellos y de otro lado los propietarios de fincas particulares, que reivindican su propiedad bien sea por haberlas adquirido, por compra, herencia, cerramientos...

"Mi finca no es de Montes".

Las fincas privadas se fueron adquiriendo en su mayoría por compra al Estado mediante diversos procedimientos. Los más importantes son las desamortizaciones que comenzaron en España dos siglos atrás, destacando la de Madoz, ya que en ella salían a subasta los terrenos comunes y de propios de los pueblos así como las roturaciones que se iniciaron con el Real decreto de 1 de diciembre de 1923 por el cual los pequeños propietarios tenían acceso a los bienes comunes de los pueblos. Esto quiere decir que del 100% de su valor, previa tasación de un perito, se pagaba otorgando a la hacienda pública el 20% y a los ayuntamientos y juntas vecinales el 80%. Todas estas ventas se pueden comprobar investigando en distintos archivos y hemerotecas, así como en el registro de la propiedad y en notarías. Es un trabajo muy laborioso pero se puede comprobar que la administración vendió sus montes sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX (las diversas desamortizaciones) y principios del siglo XX (roturaciones arbitrarias ) por la necesidad que había de obtener dinero y por lo tanto para sanear la hacienda pública. Esto concluyó con la creación de la propiedad privada en los montes públicos.

¿Cómo es posible que lo vendido ahora siga siendo de ellos? Para Montes hasta ahora no ha sido válido ni la escritura pública, ni el registro de la propiedad, ni el catastro, ni nada en absoluto. ¿En qué país vivimos? Pagando impuestos por ventas, por herencia... y nada tiene validez. Hay que preguntarse si es que la propiedad privada tiende a desaparecer. Solo hay que ver en Cantabria por un lado montes, costas, Pol... todos ellos acaparan la propiedad privada, solo la dejan al ciudadano para que lo cuiden y protejan; sin embargo ellos lo gobiernan a su antojo. En el caso concreto de los montes, el problema se agrava con la ley estatal de montes del 2003, según la cual los montes del dominio público forestal son inalienables e inembargables. Todo lo actuado en los montes anteriormente es válido porque las leyes de aquel momento permitían ventas e incluso la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años. Por lo tanto, lo que Cantabria necesita es una ley de montes autonómica, ya que es una de las pocas comunidades que carece de ella, que resuelva todos estos problemas actuales. Por un lado hay que medir todos los montes actualmente, deslindar, para que su medida se ajuste a la realidad y así poder excluir de ellos todas las propiedades privadas, ya que mantienen sus medidas iguales que antes de la inclusión en el catálogo, es decir antes de practicar la desamortización y las roturaciones entre otros. Una vez excluidas las propiedades privadas de los montes habría que confeccionar ya la ley para regular todo lo que quede de monte de utilidad pública, que aún es mucho, y debidamente administrado sería un gran aporte económico para nuestra comunidad. Gestionando bien esos montes se podría dar trabajo a muchas personas y así solucionar un poco la actual crisis económica que padecemos, ya que no es compatible la propiedad privada y la utilidad pública.

Los políticos tendrían que ver hasta ahora el ignorado problema de los propietarios y cesionarios en estos montes, unos 12.000 en Cantabria, que no pueden ni vender sus propiedades ni realizar obras... pagan sus impuestos religiosamente, contribuciones y demás impuestos. En el catastro las propiedades aparecen a nombre de los particulares, sin embargo esto tampoco es válido para Montes.

¿Qué sucede, qué nos ocultan todas las administraciones? Aparte del daño económico que se está haciendo a estas familias como es la devaluación de sus propiedades, pérdida de actividad empresarial, multas... está el daño moral, ya que muchos tienen ahí sus casas, su actividad. Han nacido, las han heredado de sus padres, abuelos y demás antepasados y tienen un vínculo muy especial con su tierra. Viendo los medios de comunicación las personas que están fuera de este problema opinan que lo público es público y que hay que devolverlo a su estado. Hay que pedir que todos los que opinan así se informen de cómo eran los montes antes de ser de utilidad pública y de incluirse en el catálogo. Eran bienes de propios de los pueblos, gestionados por hacienda, y por lo tanto se podían vender y poseer.