Vuelven a oirse rumores de guerra social, otra vez en el campo de las pensiones. Los sindicatos han lanzado un nuevo aviso al Gobierno, en forma de amenaza de huelga general, si persiste en la reforma de las pensiones, segundo paso de su nueva política tras la reforma laboral. El problema no solo está en el intento del gobierno de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años sino en un nuevo sistema de cálculo de pensiones que obligará a trabajar más años para al final cobrar menos. Un politica que pone en cuestión el llamado Pacto de Toledo. Pero, ¿qué es el Pacto de Toledo?

Grupo de ancianos.

El Pacto de Toledo es un pacto acordado en el Congreso de los Diputados en abril de 1995, bajo el mandato del Partido Socialista (presidido por Felipe González), con el fin de garantizar la continuidad del sistema público de pensiones y de la seguridad social. En el año 1995, atravesando una crisis económica de moderado grado, se temía lo peor, pues los ingresos del Estado se reducían cada vez más, y los gastos, por el contrario, aumentaban a pesar de la toma de medidas anticrisis llevadas a cabo por el gobierno socialista. Esto hacía dudar, y cada vez más, de la estabilidad de todo el sistema y sobre todo de las pensiones, pues las empresas adoptaban la jubilación anticipada como medida interna anticrisis, en lugar de despedir a esos trabajadores. Así, el problema se cargaba al Estado, que cada vez tenía que hacer frente a más y más pensiones, descontando los problemas de los que antes hemos hablado.

Congreso de los diputados.

Para hacer frente a ese miedo, fue un partido nacionalista catalán, Convergència i i Unió (CIU), quien llevó hasta el Congreso la proposición sobre las pensiones. El documento se ocupaba de retocar aspectos tales como la separación y clarificación de las fuentes de financiación del Estado, la creación de un fondo de reserva, mejorar las bases del sistema financiero y de los mecanismos de recaudación, estudiar la financiación de los regímenes especiales, así como su simplificación e integración, la integración de las gestiones del Estado, reajustar la evolución de las cotizaciones y la edad de jubilación, la equidad y tributación del sistema, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y reformar el principio de solidaridad, mejorar la gestión y el sistema complementario, y crear una comisión que siguiera y analizara la evolución del sistema.

Estas medidas y reajustes del sistema de pensiones, aunque se aprobaron en abril de 1995, comenzaron a surgir efecto un año después, en 1996, ya bajo el mandato del Partido Popular (con José María Aznar como presidente) debido a que la crisis económica le pasó una factura alta a González y su gobierno por la ineficacia de sus medidas para disolver la crisis. Esas medidas tenían como principal objetivo dejar clara la solvencia de la Seguridad Social, dado que estaba sometido a una elevada presión social y política.

Lo primero, como hemos afirmado antes en los puntos que trató la reforma, consistía en separar las fuentes de financiación de las prestaciones, dejando de esta manera a cargo de imposición general las prestaciones no contributivas y universales, tales como todas las prestaciones sociales que ofrecía el Estado. Por otro lado, dejaba a cargo del sistema de cotizaciones sociales las pensiones contributivas, lo que suponía un importante cambio de sistema de prestaciones contributivas al pasar de un sistema de reparto puro a uno en el que cada persona reciba una pensión en función de lo cotizado.

Evolución de la esperanza de vida y del número de personas con derecho a cobrar jubilación.

También, con el fin de acabar con las dudas ejercidas sobre las contribuciones, una vez alcanzados los periodos en los que el país atravesaba una época relativamente buena económicamente, se creó un fondo de reserva con la intención de eliminar la necesidad existente de aumentar las contribuciones para no reducir las prestaciones en aquellos tiempos, como los pasados y los actuales, en los que la economía estatal está en retroceso. Los fondos, tienen el nombre de títulos públicos, se adquieren en mercados oficiales.

Otro punto era tratar las bases de cotización para homogeneizar y unificar los regímenes especiales para que las mismas cotizaciones supusieran iguales prestaciones, haciendo excepciones en aquellos sectores tan complicados en relación a este tema como son la minería del carbón, la agricultura y el sector pesquero. Además, se diferenció aquellas situaciones que requirieran una excepcional protección como ampliar la edad para la recepción de pensión de orfandad.

Por otro lado, se mejoraron los medios de recaudación y lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y en la gestión y fiscalización de prestaciones como la pensión, la baja por enfermedad y la prestación por desempleo.

También se propuso dinamizar el sector público bajando la cotización en sectores con gran intensidad de mano de obra o trabajos que requieran una elevada cualificación, siempre garantizando un equilibrio del sistema, y se dejó en 65 la edad de jubilación, con la salvedad de que se incentiva a aquellas personas que deseen alargarla.

Evolución de los fondos de reserva de la Seguridad Social.

Para controlar la evolución positiva, y en el caso de que no fuera así alarmar y corregir la situación, se instó al Congreso a la creación de una comisión legislativa no permanente que se reuniera periódicamente para seguir la situación de la seguridad social.

En la actualidad, afrontamos nuevamente una grave crisis económica, que hace que el actual gobierno, socialista también, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, plantee una reforma de este pacto de Toledo, con puntos como modificar la edad de jubilación y prejubilación, pasando de 65 a 67, y de 52 a 58, respectivamente. También, otro punto de considerable importancia que pretende este gobierno retocar es la base de cotización, elevando ésta en los últimos 15 años, aquellos que se tienen en cuenta para calcular la prestación de jubilación, y crear una base reguladora única para el cálculo de todas las prestaciones del sistema, utilizando mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman.

Ajeno a la crisis, nos encontramos con un cierto superávit de la Seguridad Social, por debajo de los 4 millones de euros, lo que supone un 0,33% en relación al PIB. Esto permite en la actualidad el pago de las pensiones públicas en España, pero, según demuestran diversos estudios, con la evolución que presenta nuestro país el superávit acabará en 2014. Entonces, la única solución para poder seguir pagando pensiones será abrir el fondo de reservas de la Seguridad Social. Pero, como es de suponer, este fondo está bastante limitado y no duraría demasiado, porque al paso de los años más va a aumentar el déficit de la Seguridad Social. Esto nos hace reflexionar sobre la situación actual, relacionándolo con un futuro bastante próximo, y la reflexión concluye en que es urgente, muy urgente, reformar el pacto, endureciéndolo y tomando una serie de medidas que, aunque no nos gusten, irán a favor de todos: poder cobrar una pensión pública después de haber trabajado. Estas medidas son muy necesarias, porque la situación no va a mejorar, ya que los orígenes del problema continúan aumentando, como son la cada vez más baja natalidad y, por otro lado, la cada vez más alta esperanza de vida.



Fuentes: Boletín Oficial del Estado, un informe del Instituto del Capital Social de la Universidad Abad Oliba CEU y Wikipedia.

Fuentes de las imágenes: Moncloa, Intereconomía, Público y La Razón.