Hace 80 años, Monte, un pequeña localidad de la Bahía de Santander, comenzó una aventura empresarial comunitaria que hoy vive sus días más críticos. La cooperativa ganadera asentada en el pueblo, desarrolló entonces una extensión de crédito con el objetivo de canalizar la rentabilidad del patrimonio de sus asociados hacia el beneficio común y la obtención de servicios financieros en mejores condiciones.

Fachada de la cooperativa.

Un sencillo local, de fácil acceso, una ventanilla, algunos archivadores y una máquina de escribir parecen poco bagaje, frente a los logotipos, la informatización y el merchandising de las grandes corporaciones de nuestros días. Lo que algunos han tachado de la prehistoria crediticia era una experiencia financiera asentada en la confianza, la lealtad y la cogestión de los impositores y socios, de los vecinos, en muchos casos unidos por lazos de amistad y familia. Durante años, los miembros de esta comunidad han domiciliado nóminas y pensiones en su cooperativa, han empleado la sección de crédito como destino de sus fondos en forma de cuentas de plazo u otros medios de inversión y han obtenido créditos en condiciones muy favorables para sus explotaciones ganaderas.

La entidad se convirtió así en la base de las operaciones de sus socios (hasta el punto de que otras entidades no consiguieron controlar el mercado minorista de la población) y en la fuente de financiación de bienes y servicios comunes (almacenamiento o distribución de productos agropecuarios por ejemplo).

La peculiaridad de este tipo de entidades, su nacimiento en épocas convulsas de principios de siglo y su escasa importancia territorial les sumió en una cierta confusión legal, que quedó subsanada con la ley cooperativas 27/1999 de 16 de julio, que establecía un marco regulatorio y de control de las cooperativas agrarias y sus secciones.

La cooperativa de Monte se estructuraba en torno a una junta rectora formada por socios elegidos por la asamblea general. Se renovaba en un 50% cada dos años, siendo su mandato cuatrienal. Los vocales de la junta elegían al presidente y vicepresidente, y bajo ellos se encontraba la figura del gerente, único cargo remunerado y de carácter técnico. En los últimos 22 años este cargo lo ocupó José Ramón Gómez, desde 1985, además, consejero delegado de la entidad. La cooperativa comenzó a revisar sus estatutos y actualizar su estructura bajo la supervisión del gerente, que poseía la preparación económica necesaria para asesorar a la junta. En palabras de varios miembros a los que hemos tenido acceso, como el actual vicepresidente, D. Carlos Borragán, D. José Ramón Gómez presentó a la junta en este periodo (como en los anteriores) estados de cuentas que representaban una situación contable y patrimonial óptima, a la vez que ocultó a la junta los mecanismos de control y auditoria previstos por la ley.

En 2005, una renovación de parte de la junta motivada por el fallecimiento de su anterior presidente condujo a los nuevos rectores a impulsar nuevos proyectos tales como un nuevo almacén de granos o, sobre todo, la construcción de un geriátrico. Pese a que los informes revelaban una situación que permitía afrontar estos proyectos, la nueva junta decidió iniciar un auditoría, a fin de determinar si los fondos que revelaban la contabilidad eran suficientes, o si era necesario complementarlos con financiación externa. La auditoría fue concluyente. La entidad no sólo no disponía de patrimonio ni de liquidez, sino que habían desaparecido casi 15 millones de euros. La misma auditoría determinó claramente que parte del patrimonio perdido correspondía a los miembros de la junta de gobierno, que no habían realizado ningún tipo de operación irregular detectable, mientras que las irregularidades contables realizadas por el gerente eran manifiestas.

La cooperativa tiene depositados sus fondos en una gran entidad bancaria que ofrecía una rentabilidad por ellos y ciertos servicios a los socios a cambio. Presuntamente, el gerente José Ramón Gómez extrajo parte de esos fondos por caja, satisfaciendo con ellos los pagos de determinadas empresas, algunas ni siquiera pertenecientes a la cooperativa, y que no tenían en ella fondos suficientes para satisfacer esos pagos. Junto a ello se concedían créditos irregulares, incluso a no socios o a personas ajenas al municipio. En suma, más de 10,5 millones en créditos no devueltos por empresas, descubiertos en cuentas personales aún no totalmente cualificados y de cierta antigüedad, más de dos millones de euros en letras sin fecha de libranza lo que elimina su valor legal y hace casi imposible su cobro, y miles de euros perdidos en intereses de morosidad perdidos. La inexactitud del sistema de mantenimiento de cuentas hace difícil evaluar aún la cuantía de lo perdido, de lo cedido y de lo prestado, dado el primitivo sistema de contabilidad que presuntamente llevaba el gerente.

Algunos de los afectados.

Conocida la noticia, un movimiento inicial de parte de los vecinos, enterados antes de hacerse público el suceso, para retirar sus fondos, ha llevado al cierre momentáneo de la sección de crédito y a la paralización de pagos e ingresos. Varias querellas contra el gerente y contra las empresas morosas o beneficiarias de los pagos en descubierto dibujan el panorama actual de la entidad.

Fracasado el intento de que la caja Rural de Burgos adquiriera los activos y pasivos de la entidad de crédito, desde finales de marzo un numeroso grupo de asociados se ha constituido en coordinadora de afectados que, dirigida por Agustín Arríola, ha llevado a cabo la contratación de un equipo de abogados (el bufete de Pérez de la Lastra, Pellón y Mouro) que dado los primeros pasos legales para la solución del problema. Así se ha iniciado la identificación de los afectados, la contabilización de sus saldos y documentos acreditativos y el otorgamiento de poderes notariales para poder hacer frente a su representación legal. En la actualidad, la cooperativa se encuentra intervenida por el juzgado número 10 de Santander, que ha determinado el establecimiento de una defensa judicial y una gestora. Por su parte las autoridades han ofrecido apoyo mediante las gestiones pertinentes, la entrega de un local desde donde actuar y la prestación de diversos servicios sociales..

Cabe preguntarse ahora, como hacen algunos vecinos, ¿qué ha impulsado a una persona del pueblo, muy enraizada en él, a llevar a sus vecinos a la ruina?. ¿Por qué el gobierno de Cantabria no ha desarrollado una legislación autonómica que permita un mayor control y asesoramiento de estas entidades?. ¿Es cierto que el carácter de cooperativa agraria exime al banco de España de sus responsabilidades de control y de intervención, además de utilizar el fondo de garantía?. ¿Será éste el final de la cooperativa?. ¿Y de la convivencia y el buen nombre de algunos de los afectados?.