Familias 
                            de etnia gitana ocupan desde hace años la denominada 
                            'Finca del Asilo', un solar de propiedad municipal 
                            de 25.221 metros cuadrados que el Ayuntamiento de 
                            Torrelavega compró en 1983 a la Fundación 
                            Asilo de Torrelavega por 143 millones de pesetas. 
                            Desde 1985 acoge a varias familias de etnia gitana, 
                            que fueron realojadas allí por problemas de 
                            inundaciones.  
                          
                             
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                              Caravanas asentadas 
                                  en la Finca del Asilo.  | 
                             
                           
                           El Gobierno de Cantabria tiene previsto construir 
                            allí un nuevo edificio del Fernando Arce que 
                            será para personas discapacitadas mayores. 
                            Para ello el Ayuntamiento de Torrelavega les debe 
                            “ceder” la finca sin los gitanos, por 
                            lo que el Ayuntamiento de Torrelavega, encabezado 
                            por su alcaldesa Blanca Rosa Gómez Morante 
                            (PSOE), ayudará económicamente a las 
                            familias gitanas para que desalojen la ya mencionada 
                            finca. El Ayuntamiento les ofrecía entre 24.000 
                            y 48.000 euros, mientras que las familias gitanas 
                            reclamaban 41.000 y 91.000 euros, así como, 
                            en algunos casos, la cesión de una vivienda 
                            para su realojo. 
                             
                            Para el Ayuntamiento de Torrelavega estos no son momentos 
                            fáciles. Los vecinos de la Inmobiliaria exigen 
                            que su barrio se tenga en cuenta, ya que según 
                            ellos se les está olvidando. Además 
                            desde hace unas semanas la Asociación de Padres 
                            del Fernando Arce y vecinos de alrededor de la finca 
                            están realizando concentraciones de protesta. 
                            También está el problema de Tanos con 
                            las materias peligrosas que, aunque ahora parece estable, 
                            puede volver a “explotar” la reivindicación 
                            social en cualquier momento. La Asociación 
                            de Padres del Fernando Arce exige al ayuntamiento 
                            que cumpla sus plazos y que de una vez ceda la finca 
                            al Gobierno para que construyan el edificio para discapacitados 
                            mentales mayores de edad.  
                          Y los vecinos de alrededor están hartos. Son 
                            frecuentes las hogueras donde queman neumáticos 
                            y se produce una gran humera y los ruidos por música 
                            alta, a lo que se ha añadido ahora, según 
                            los vecinos, amenazas, lanzamientos de piedras a las 
                            persianas, agresiones y robos (incluso de ropa que 
                            está colgada en los tendales). Para ello, el 
                            ayuntamiento ha dicho que cada hora pasan patrullas 
                            de la policía nacional y de la local. Según 
                            el portavoz de los vecinos, Ángel Saiz, "estamos 
                            atemorizados los vecinos", y recordó que 
                            la situación se lleva produciendo desde hace 
                            varios años, siendo causantes las familias 
                            gitanas de incidentes como tiroteos, agresiones con 
                            arma blanca, robos y venta de drogas.  
                          Debido a todos estos problemas de seguridad, Saiz 
                            comentó que "la situación es insostenible". 
                            Durante estos últimos años, continuó 
                            Saiz, "las medidas policiales no han servido 
                            para nada", ya que las familias gitanas continúan 
                            en la misma actitud, incluso produciéndose 
                            "agresiones y amenazas" hacia los residentes 
                            que denuncian la situación. 
                            Está claro que los gitanos no se irán 
                            en lo que queda de año, porque desde que el 
                            Jurado Provincial de Expropiaciones diera su sentencia 
                            octubre con la ley en la mano pueden estar en la finca 
                            cinco meses. Así que los gitanos tienen por 
                            lo menos hasta febrero un lugar donde quedarse con 
                            la ley en la mano. La pregunta es ¿pasado febrero 
                            las familias de etnia gitana desalojaran la Finca? 
                            Y si no lo hacen ¿cómo contestará 
                            el ayuntamiento?, ¿intervendrán los 
                            antidisturbios como ya algunos vecinos piden?. 
                           
                          
                             
                               
                                    
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