Desde donde mires Sniace forma parte del perfil urbano de la ciudad, de su historia y de su corazón. "Cada puesto de trabajo de la factoría representa 2,8 puestos indirectos en su comarca", nos explican en el departamento de empresas de la Universidad, que hace pocos meses ha cerrado un estudio sobre el tema. Formado por diez empresas dedicadas a actividades que van desde la explotación forestal hasta la fibra sintética y la celulosa, pasando por los biocombustibles, la producción energética y el tratamiento de residuos, el grupo Sniace es el ejemplo de una lucha agónica de sus empleados desde 1991. Es la lucha obrera más prolongada de la industria española.

Trabajadores concentrados frente al Parlamento de Cantabria.

"En 1991 comenzaron los EREs y los despidos, en el 93 los grandes encierros; desde entonces, negociaciones y sacrificios laborales de todo tipo. En dos décadas hemos pasado de 4.000 trabajadores a 490, muchos de los cuales han vivido estos años con la angustia de perder su casa, su empleo y su vida, o son hijos y nietos de trabajadores y llevan 20 años en lucha y en alerta, un desgaste emocional difícil de sobrellevar". Y él es uno de los que lo padece, Miguel de Dios, hasta hace unas fechas enlace sindical, y hoy en regulación de empleo.

Su primer gran problema fue la modernización. En los duros tiempos de la reconversión, en los 90, la empresa tuvo que adaptar su obsoleta tecnología, propia de un mercado cerrado como el franquista, poco competitivo, a los nuevos tiempos, y con la losa de un socio financiero, Banesto, que sumido en su propia crisis precisaba desinvertir a cualquier precio.

Tras aquello la empresa pudo superar la situación renegociando deudas, reduciendo plantillas y enajenando buena parte de su patrimonio. Algunas empresas del grupo desaparecieron y con ellas miles de empleos. Los que quedaban debieron hacer frente al segundo reto. Sniace era una empresa sucia, un ejemplo de Telediario de la contaminación, y con una ciudad cansada de los malos olores de sus chimeneas, de un río mortecino y de tanta lucha callejera. Con el apoyo de los sindicatos, la empresa inició hace diez años una de las apuestas ambientales más grandes de Europa. Un EDARI (Estación Depuradora de Residuos Industriales), una planta de lavado, una planta biofiltros, analizadores de gases de cogeneración y una planta de zinc. Más de 61 millones de euros salidos de la reducción de costes y un importante cambio en la orientación productiva. De contaminar a limpiar y crear energía.

Pero no ha sido suficiente. Con unas cuentas de resultados positivos hasta 2012, pero muy ajustados, lo que la CNMV llegó a llamar el milagro Sniace se ha vuelto a desplomar. Pese a depurar todos sus residuos, y contar con un moderno EDARI, la Confederación Hidrográfica cobra a la empresa un canon de vertidos, que se une al que también se paga al Gobierno regional, y que en este último año ante la situación presupuestaria se ha elevado en un 70%. Siete millones de euros anuales por no contaminar, al tiempo que las depuradoras de la empresa trabajan a medio rendimiento por falta de acuerdo para conectarlas a las redes urbanas de saneamiento y así amortizar los equipos.

Sniace en lucha por su futuro (otra vez).

Todo por una mala planificación de la Administración en el diseño de sus redes. Con todo, Sniace seguía viva. La política del Gobierno, sin embargo, precisa más fondos para tapar el agujero fiscal español. Ante ello, el Ministerio de Industria anunció hace unos meses el céntimo verde, un impuesto que graba en un 7% la producción de energía eléctrica. Además, impone tipos impositivos para el consumo de gas, carbón y fueloil. Es decir, grava la producción de electricidad y la materia prima con que se produce. En el caso de Sniace, al generar electricidad con una central de ciclo combinado (produce con gas y carbón), estamos hablando de tres impuestos. Tras negociaciones y protestas, el Gobierno regional ha conseguido arrancar al Ministerio la promesa de reducir casi un 77% el impuesto que grava el consumo de gas pero el resto continúa igual.

Un ejemplo de lo grave que es lo encontramos en el cierre de la central nuclear de Garoña, y en los problemas financieros surgidos en las otras grandes empresas cántabras, como Textil Santanderina, Solvay o Bridgstone.

En julio terminó el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) planteado a 330 trabajadores de las plantas que quedan en pie, tras el cierre definitivo de papelera. Y nadie dice nada. Entre una confusa ceremonia de negociaciones, más de 330 familias procesionan por la ciudad, bajo la lluvia, recordando cuánto empleo y riqueza han dado a la comarca desde su fundación en 1940, y mendigando que el resto de la ciudad les apoye una vez más.