Cuando en Europa se habla de corrupción urbanística y burbuja inmobiliaria, todas las miradas enfocan a España. Nuestro país ha estado marcado en los últimos años por diversos casos de corrupción urbanística, en los cuales alcaldes y políticos se han visto involucrados. El 'Caso Malaya' de Marbella, con Julián Muñoz, Jesús Gil y Juan Antonio Roca como cabecillas, fue el epicentro del terremoto que destapó cientos de casos de especulación urbanística en los municipios españoles.

Cartel que prohíbe el paso de los peatones a la zona.

Un informe de la ONG 'Transparencia Internacional' afirma que estos casos se multiplican, ya que existe un interés económico real gracias a los ingresos que obtienen los ayuntamientos, a la poca vigilancia cuando se construye y los nuevos partidos políticos que se han formado con el único fin de poder influir en nuevos planes urbanísticos.

La opinión pública, cuando se habla de corrupción urbanística o construcciones ilegales, mira hacia la zona mediterránea española con Valencia, Andalucía y Murcia a la cabeza. Pero en Cantabria también hay cientos de familias afectadas por la corrupción o por sentencias de derribo firmes. Para ser exactos, esta Comunidad Autónoma acumula 23 sentencias de derribo desde el año 1994 en los municipios de Argoños (256 viviendas afectadas), Arnuero, Piélagos (598 viviendas afectadas), Escalante y Miengo. En total más de 1.100 viviendas y 4.000 personas son las que soportan esta situación de incertidumbre e "injusticia", como lo califica la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Esta asociación cántabra, nacida en 2005, agrupa a más de 3.213 socios que se han visto afectados por la Administración por casos de construcciones ilegales que tienen como fin buscar soluciones ante la situación de injusticia que vive este colectivo.

20 viviendas afectadas junto a la playa de Cuchía,

¿Son los propietarios de las viviendas afectadas los culpables? Estas personas compraron sus viviendas con todos los permisos legales pertinentes y con la aprobación de todas las normas urbanísticas y administrativas como son, entre otras, el Plan General de Ordenación Urbana, las licencias de obras y la cédula de habitabilidad. Después de estar todos los permisos en regla, de tener sus casas hipotecadas e, incluso, después de llevar varios años habitando en ellas se enteran, por los medios de comunicación, de que sus viviendas soportan una sentencia firme de derribo.

Pero, ¿cómo se han convertido estas construcciones en ilegales? En el caso de Miengo (20 viviendas afectadas en la playa de Cuchía), fue la asociación naturista ARCA la que denunció a la Administración por haber vulnerado la Ley de Costas y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el que declaró esta edificación ilegal y dictó una orden de derribo. En el resto de casos, el procedimiento ha sido similar siendo dicha asociación la denunciante. El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos han sido condenados y las constructoras que llevaron a cabo dichas obras han sido disueltas. Al final, las únicas víctimas son aquellas que habitan dichas viviendas, las cuales han sido dictadas como ilegales. Hasta el momento, ninguna urbanización de las antes nombradas ha sido derribada, pero las sentencias son firmes y pueden producirse en cualquier momento sin que exista ninguna solución para los afectados.

Las aceras de las viviendas de Cuchía han empezado a caerse.

Las indemnizaciones a recibir por las "víctimas", según AMA, se cifra en 234 millones de euros que deben asumir los ayuntamientos afectados con unos presupuestos municipales que no llegan a los 3 millones de euros anuales.

Problemas con los deslindes, sobrepasar los límites del Plan de Ordenación del Litoral (POL), impacto ambiental… Todas estas sentencias de derribo están marcadas por algo de ello. Aunque en el caso de la urbanización de la Playa de Cuchía, en Miengo, existe algo más. Edificado a la orilla del acantilado, el entorno presenta deficiencias de unos meses hacia acá que ha hecho actuar al Ayuntamiento cercando la zona y no permitiendo el paso a la urbanización de coches y personas. Y en caso de hacerlo, bajo la responsabilidad de los propietarios. Son 20 las viviendas levantadas además de garajes y locales comerciales en los cuales se sitúa un restaurante muy visitado en época estival por su cercanía a la playa. Actualmente el establecimiento está abierto pero apenas recibe clientes, tienen miedo a que se derrumbe el suelo bajo sus pies, ni siquiera montan la terraza porque nadie acude. Y los garajes inutilizados, ya que los propietarios no pueden acceder con el vehículo a la urbanización. Tienen que aparcar sus coches en el parking de la playa, a 100 metros de su casa.

Las tuberías han salido a la luz.

El pavimento situado alrededor de la edificación se está deteriorando, el adoquinado que lo compone se agrieta y se ondula y peligra que cualquier persona o vehículo que allí se sitúe pueda acabar despeñándose por el barranco que llega al mar. De momento, no se han tomado medidas para que la zona no siga quebrándose y los propietarios puedan entrar a su propiedad sin correr ningún tipo de peligro. Los muros que rodean la bajada al garaje se han derrumbado por la inestabilidad del terreno aunque, de momento, la estructura del edificio no presenta irregularidades. El Ayuntamiento no se hace cargo y sólo se ha encargado de cercar la zona sin avisar a los propietarios. "Nos ignoran, arruinan un negocio y nuestras vidas. Vivimos con la incertidumbre de que en cualquier momento pueden derribar nuestra casa y nadie nos da explicaciones", nos declaraba una vecina indignada con el comportamiento que tienen las Administraciones Públicas.

Todo esto hace más mella sobre unas personas que sufren cada día y están a la espera de que en cualquier momento sus casas lleguen a ser derruidas sin que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Cantabria les proporcione ninguna solución. 4.000 cántabros que viven con incertidumbre y no conocen el futuro de sus viviendas en las cuales muchos han enterrado los ahorros de toda su vida o que trabajan cada día con el fin de poder hacer frente al pago de la hipoteca de una casa de la que ni siquiera saben si mañana, seguirá en pie.