La presunta estafa de dos sociedades de inversión en bienes tangibles, Afinsa y Fórum Filatélico, podría afectar a más de 300.000 personas. Pero no son las únicas empresas en la que los pequeños ahorradores corren un gran riesgo.

Más de 300.000 afectados.

Bajo el control de dos pesos pesados de la Audiencia Nacional, los jueces Santiago Pedraz y Fernando Grande Marlasca, la policía nacional y la fiscalía anti corrupción han iniciado durante la segunda semana de mayo una vasta operación tendente a intervenir y controlar las actividades de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico, especializadas en la inversión en bienes tangibles, en lo que parece ser una de las mayores estafas colectivas de la historia de la democracia española. Más de 300.000 afectados y decenas de millones de euros en ahorros perdidos es el balance provisional de una operación que parece, según deja entrever el gobierno, puede tener relación con las investigaciones, aún en marcha en Marbella, con la que se conecta como parte del lavado de dinero de los beneficios fraudulentos del urbanismo en Marbella, y que pudiera deparar importantes sorpresas y consecuencias, tanto políticas como empresariales.

Hasta el momento de su intervención, Afinsa contaba con 1500 empleados y unos beneficios declarados de 51 millones de euros. Por su parte Fórum Filatélico, con 25 años de trayectoria y una imagen publica inmaculada, gracias a su implicación en obras culturales, benéficas y deportivas, empleaba a 300 personas, generando unos beneficios anuales de 81 millones de euros.

Entre ejecutivos y proveedores de sellos, la Audiencia ha encarcelado ya a nueve personas, incautando abundante documentación, cerrando algunas sedes de estas empresas y encontrando señaladas cantidades de dinero líquido. Solamente en un piso de la Moraleja la policía encontró 10 millones de euros.

La sociedad de inversión precintada.

Según explicaba el abogado de una de las plataformas de afectados, Julián Río, el fraude responde a una estafa piramidal, en la que las aportaciones de los ahorradores se conseguían bajo la promesa de altas rentabilidades que se abonaban puntualmente gracias a las aportaciones de nuevos abonados que cubrían las devoluciones con beneficio de los anteriores. Sin embargo, ambas empresas garantizaban la inversión y los beneficios gracias a colocar sus ahorros en bienes tangibles, principalmente sellos, y en menor medida inmuebles y bienes artísticos, pero no está demostrado que estos bienes existieran. De hecho, los ahorradores y los inspectores de tributos sólo han encontrado documentos que supuestamente demuestran las compras de esos bienes, pero no su existencia física. Algunos miembros de las directivas de ambas empresas han reconocido que los sellos existían, pero que para equilibrar el patrimonio de las empresas estaban sobrevalorados en un 850%. Por el contrario, directivos de ambas empresas, entre ellos el detenido Francisco Briones, presidente del Fórum, ha desmentido todas las acusaciones, aunque algunos de sus colaboradores, al criticar la intervención, indicando que con tiempo podrian devolver el dinero a los clientes, confirman las sospechas de que estamos ante una gran estafa. Luis Median, directivo de Afinsa, ha querido tranquilizar a los usuarios, desmintiendo las acusaciones de insolvencia de la Audiencia, puesto que su empresa consolidaba el 98% de sus beneficios, lo que, según él, garantiza la devolución de los depósitos.

La intervención judicial se ha iniciado a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria, que investigaba desde el año pasado a ambas empresas por falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de dinero y estafa. Y es precisamente aquí donde surgen la mayoría de las incógnitas de este caso, y su mayor escándalo.

La agencia tributaria mantiene sospechas sobre ambas entidades desde el año 2001, sosteniendo que la mayoría de las irregularidades y delitos se cometieron en el trienio 1998-2001. Fue entonces cuando la AET sospechó, como se ha comprobado, que Afinsa y Fórum Filatélico colocaban en el mercado parte de sus inversiones, con lo que el riesgo de insolvencia era creciente. Ya en 2004, la Organización de Consumidores y Usuarios detectó irregularidades en ésta y en otras empresas de inversión en bienes tangibles. Tal como ha señalado la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, las auditoras de Afinsa y Fórum conminaron a ambas a proveer, mediante créditos, un fondo de 50 millones de euros para posibilitar la devolución de fondos solicitados por los impositores. Ante las sospechas, la OCU trasladó sus averiguaciones a la CNMV, al Banco de España y al Ministerio de Hacienda, incluso a la UE. La contestación, en todos los casos sin prisa, fue tan peregrina como afirmar que no estábamos ante sociedades financieras sino intermediarias en la inversión de tangibles, por lo que no había posibilidad legal de intervenir a la luz de la legislación del momento. Nadie ha desvelado aún cuál ha sido la causa de permitir que estas empresas continuaran con su estafa, atrapando a más clientes, y esperar hasta mayo de 2006, ocho años después de conocerse las primeras sospechas.

La Audiencia Nacional intervino a Fórum Filatélico.

De hecho, Afinsa incrementó en los últimos meses la presión sobre sus asesores y comerciales, a fin de incrementar su cartera de clientes y dotarse de más fondos en una auténtica huida hacia delante.

El descalabro ha cogido en medio del drama a sus empleados, desconocedores parece ser de la situación real. Y ésta es una de las peculiaridades de este fenómeno financiero. Fórum y Afinsa funcionaban gracias a una ingeniosa red de colaboradores y asesores aficionados. Gente en su mayoría con otras ocupaciones y negocios que captaban clientes a cambio de una comisión. Eso facilitaba una red comercial flexible que, amparada en su conocimiento y garantía personal, arrastraba al negocio a cientos de personas enredadas gracias a contactos de tipo familiar, vecinal o profesional; personas en su mayoría de clase media o media baja, con nulo conocimiento del mercado filatélico, incorporadas por el cebo de sustanciosos beneficios y la garantía de un vendedor que era conocido para ellos, y que en su mayoría han perdido ahorros vitales para su vida presente o su jubilación. Peñas quinielísticas, asociaciones de vecinos, pensionistas, estudiantes.

Según la OCU, nos encontramos ante un escándalo gigantesco, pero no único. Cuando en 2004, la organización de consumidores estudió el caso y lo puso en conocimiento de las autoridades supervisoras en materia financiera: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. La OCU percibió claramente la falta de control existente sobre este tipo de empresas, que ni siquiera cuenta con un fondo de garantía que proteja a sus inversores en caso de quiebra; la única garantía eran los bienes en los que se había invertido. En este caso, la sobrevaloración de los sellos hace que entre ellos, los líquidos y los inmuebles, el nivel de solvencia apenes llegue al 40% del valor de los depósitos.

Los afectados quieren saber dónde está su dinero.

Lo más grave viene al descubrir que empresas como las indicadas son más abundantes de lo que pensamos. Según la OCU, son muchas las empresas que en España ofrecen una rentabilidad muy alta a través de la inversión en bienes tangibles como sellos, obras de arte, joyas o cualquier otro que tenga posibilidad de revalorizarse, sin que exista apenas control. Estas empresas, además, al no estar obligadas a inscribirse en los registros oficiales de las autoridades supervisoras, no pueden ser ni controladas ni sancionadas por ellos. Al no haber supervisión no existen garantías de que las empresas sean solventes, aunque estén inscritas en el Registro Mercantil y actúen legalmente.

La OCU desarrolló su investigación en la primavera de 2004, y realizó pequeñas inversiones en empresas como Afinsa. Descubrió, al consultar con expertos filatélicos, que los sellos adquiridos por las empresas con su inversión sólo valían en catálogo un 16% del dinero depositado, con lo que sólo en esa magnitud estaba garantizada su inversión. Es decir, un lote de sellos valorado por Afinsa en 600 euros tendría un valor de mercado no superior a 100 euros, cinco veces menos que lo garantizado por Afinsa. Además, las filatelias aseguraron a la OCU que si quisieran venderlo no les pagarían ni un tercio de esos 100 euros, ante la estrechez del mercado. Por lo que si la empresa no cumpliese su compromiso o quebrase, la garantía sólo cubriría el 5% de los 600 euros invertidos.

No es el único caso, otras empresas han despertado el temor de la OCU, escandalizada por los riesgos que sufren muchos pequeños ahorradores, con total impunidad.

Los empleados desconocían la situación real.

Así, otra empresa sin control resulta ser Arte y Naturaleza, especializada en la inversión en obras de arte, que ofrece rentabilidades del 8%. A cambio de la inversión, la empresa ofrece serigrafías y obras de artistas que, en el caso estudiado por la OCU, no ofrecen liquidez; pocos marchantes estarían dispuestos a comprarlas, y los que lo harían sólo estaban dispuestos a abonar el 10% de su valor estipulado en contrato. El director de la empresa, Mario Marina, ha desmentido estas acusaciones.

Un problema similar plantea Bosques Naturales, que ofrece inversiones en explotaciones forestales. En la prueba realizada por OCU, la empresa ofreció invertir en cerezos y nogales durante 20 años, con una rentabilidad del 12,9% anual o recompra a una rentabilidad menor. El precio de venta de un árbol es de 400 euros. El Consorcio Forestal de Cataluña y de otros viveros consultados por la OCU, valoraron cada árbol en 220 euros para una plantación de 25 años.

Parte del problema arranca de la dejadez de la Administración, que en estos años no ha controlado a las empresas ni a sus auditoras, que cada seis meses han avalado la gestión. Y parte procede de una desvertebración legal que divide España en una maraña de legislaciones o de ausencia de ellas, que permite, como pasó en el caso de la cooperativa de Monte en Santander, lagunas legales o distorsiones legales en cada zona de España.

El gobierno anuncia ahora iniciativas legales y promete ayudas de dudosa credibilidad. Lo primero, por la falta de actuación previa y de tacto en la actualidad. Lo segundo, porque las promesas de ayuda de la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega han entrado en contradicción con las del portavoz del gobierno, el insufrible Fernando Moraleda, que ha indicado, ante el silencio del Ministerio de Hacienda, que al no ser intermediarias financieras puras, el Fondo de Garantía del Estado y el Fondo de Garantía de Inversiones, no van a intervenir.

Fotos extraídas de la página web http://www.elmundo.es