En el año
2011 la ciudad de Torrelavega inició los planes
para la puesta en marcha de un servicio de transporte
urbano que cumpliera el mandato legal para ciudades
de más de 50.000 habitantes y que profundizara
en el plan de sostenibilidad municipal. Desde el principio,
la polémica marcó el nuevo servicio,
el Torrebús.
La razón parecía encontrarse en un
pliego de condiciones que permitía que las
empresas concesionarias pudieran actuar con poco control,
según nos explica el concejal de ACPT, Iván
Martínez. Pese a los cambios de alcalde, todos
los grupos municipales han estado de acuerdo en la
idea, aunque con algunos matices en el cómo
hacerlo. El servicio fue finalmente concedido a la
empresa Transitia, que gestiona el transporte de varias
ciudades.
La ciudad compró los vehículos y creó
la infraestructura, mientras la empresa se hacía
cargo de la gestión laboral y organizativa.
Pronto se descubrió que el Torrebus era un
negocio a largo plazo. Problemas con el diseño
de las paradas, líneas mal planificadas, autobuses
vacíos, malas condiciones de mantenimiento
de las cocheras, falta de información a los
ciudadanos y pocos, muy pocos ingresos para la empresa,
además de un déficit municipal de 1.200.000.
Pese a que la concesión incluía la grúa
municipal, la empresa pronto descubrió su mal
negocio. Pero el Ayuntamiento no estaba dispuesto
a mejorar el contrato, ni a rescindirle.
La tensión entre ambas partes creció
hasta que, a principios de año, el único
concejal del partido minoritario descubrió
que uno de los autobuses municipales había
sido repintado y prestaba servicio en otra ciudad
donde esa empresa tenía la concesión,
Barakaldo. La empresa se vio beneficiada, probablemente,
porque la ciudad se encontraba envuelta en una moción
de censura. Cuando el nuevo equipo de gobierno intervino,
la situación se encontraba muy viciada entre
ambas partes y a la reclamación del regreso
del autobús le respondió una petición
de rescisión del contrato, a lo que la nueva
alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón se niega, exigiendo
el cumplimiento de la cláusula que obliga a
la empresa a pagar 3.000 euros de sanción al
mes por "extravío" de autobús.
La situación, lejos de solucionarse, se ha
complicado con un nuevo actor, los trabajadores. Según
nos cuenta uno de los miembros del comité de
empresa, Antonio José Santiago González,
del Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte
(SCAT), "la empresa desea la rescisión
del contrato y nos emplea como elemento de presión".
Y todo apunta a que es cierto. Según fuentes
sindicales, Transitia ha colocado a los trabajadores
en la tesitura de presionar al Ayuntamiento, poniéndose
en huelga y paralizando el servicio, o ser despedidos.
Durante más de una semana, los 32 trabajadores
del Torrebús permanecieron en huelga, concentrados
en las cocheras de la empresa y prestando unos servicios
mínimos que ellos mismos propusieron al Ayuntamiento
ante la falta, según ellos, de una organización
adecuada del consistorio.
Más de ocho días con la huelga, aunque
ha sido un poco atípica. Lo más normal
es que una huelga se haga porque los trabajadores
protestan hacia la empresa o hacia la otra entidad;
y aquí era al revés, la empresa les
obligaba a hacer la huelga porque quería reclamar
al Ayuntamiento y amenazaba con despidos si el Ayuntamiento
no cedía. Los trabajadores realizaron los servicios
mínimos necesarios.
Estos trabajadores se encontraban afectados por un
situación de chantaje. Finalmente si el Ayuntamiento
no hubiera cedido ante las pretensiones de la empresa
adjudicataria del Torrebús los trabajadores
hubieran sido despedidos y, aunque hubieran querido
volver a trabajar tenían que continuar con
la huelga porque su situación no tenía
otra salida, no dependía de ellos. Hacía
falta que el Ayuntamiento y Transitia llegaran a un
acuerdo, pero, ¿quién garantiza que
al final no haya despidos?
La misteriosa desaparición del Torrebús
hallado en Barakaldo ha levantado ampollas en la sociedad.
Hemos hablado con la alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón, para que nos hable sobre este
tema de actualidad.
La aparición de este Torrebús en Barakaldo
es difícil de explicar, porque se supone que
tendría que estar circulando por las calles
de Torrelavega, y esto es un incumplimiento de la
empresa que presta el servicio. Nos ha confesado que
ella no estaba enterada de este hecho hasta que empezó
a ser alcaldesa, que se enteró por los trabajadores
que iban haciendo comentarios. Cada vez mes que falta
el autobús tiene una sanción de 3.000
euros y esto a la empresa le va a salir bastante caro.
Aquí se puso un mínimo de autobuses,
ya que eran los que coincidían con el número
de líneas necesarias porque, aunque un autobús
no esté todo el día circulando, si hay
alguna avería tiene que estar disponible. La
empresa tiene la obligación de traer este Torrebús,
porque si no es un incumplimiento; y quieren traerlo
lo más pronto posible porque si no la sanción
será cada vez mayor. Los autobuses se encuentran
en Barreda, el control de los autobuses lo lleva un
encargado de la empresa y cualquier novedad se le
comunica al Ayuntamiento.
Al principio de su existencia el Torrebús
no tuvo la utilización que se esperaba, ya
que en Torrelavega nunca había existido un
autobús urbano. Pero poco a poco ha ido mejorando
y estos van cada vez más llenos. El transporte
público no es rentable porque con lo que pagan
los viajeros no se cubre el servicio, pero se espera
que la gente lo utilice más, e incluso se puedan
crear más líneas.
También le preguntamos sobre la huelga en
la que se han visto involucrados los trabajadores
del Torrebús y nos comentó que ella
ha hecho todo lo posible para que no despidan a nadie,
intentando llegar a un acuerdo con la empresa. Para
que todo esto vuelva a la normalidad el Ayuntamiento
está manteniendo reuniones continuas con los
trabajadores y la empresa.
Para informarnos desde otro punto de vista hemos
hablado con un trabajador del Torrebús y nos
cuenta que esta huelga se origina porque una empresa
entra a un concurso de la Administración del
que bajan el precio y después dice que no gana
dinero suficiente. Pretende reducir los costes a base
de despedir trabajadores. La intención de los
trabajadores es mantener los puestos de trabajo que
marca el pliego de condiciones.
La huelga ha consistido en no hacer algunos servicios,
es decir, realizar los servicios mínimos que
les parecían razonables como la grúa
para casos de emergencia, transporte escolar y servicio
urbano.
En la última reunión entre los trabajadores
y la empresa, con el compromiso de fondo del Ayuntamiento
se solucionó, parece, el problema. En la sede
del organismo de conciliación ORECLA, la empresa
se comprometió a no despedir a ningún
trabajador mientras estos reiniciaban su labor y ponían
en marcha otra vez todos los servicios. ¿Estamos
ante una solución definitiva o ante una salida
de compromiso? El tiempo dirá.

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