Epifanio Fernández se convierte en el último rostro de las consecuencias medioambientales de las actividades mineras y de extracción de agua en Cantabria.

    

El concejal regionalista Jesús Sánchez, vecino del pueblo de Torres, muestra el gran embalse de agua que se formó tras el cierre de la mina en 2003./ SANE

El 26 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento de Polanco exigía a la empresa Solvay una acción rápida para paliar los daños provocados a los vecinos por los hundimientos de terrenos en el municipio. La empresa química llevaba décadas extrayendo sal para sus procesos industriales en la zona de Posadillo. En esa fecha, los escapes de aguas de algunos pozos de sondeo y la fractura del terreno se habían convertido en un problema grave que llevó al teniente de alcalde, Luis Barrero, a intervenir. Empresa e instituciones llegaron posteriormente a un acuerdo y Solvay reparó los desperfectos y se comprometió a informar periódicamente al Ayuntamiento y a la Dirección General de Industria de los estudios sobre el comportamiento del terreno. Pese a todo, Cesareo Lavín había perdido su casa.

Desde 1992, un estudio del Ministerio de Obras Públicas alertaba que los hundimientos reiterados en el Valle de Camargo estaban provocados por las extracciones de agua de los pozos de la zona. Extracciones que han ido aumentando desde 2003, para abastecer al municipio y a diversas actividades mineras. De poco han servido los informes técnicos del Instituto Geológico, de la Confederación Hidrográfica del Norte o del Gobierno autónomo. En una zona caliza, de relieve cárstico, la extracción continuada y desmedida vacía grandes oquedades que ceden, arrastrando casas, animales y personas. Mª Jesús Diego pone cara a una asociación de un centenar de perjudicados y 53 viviendas afectadas que el pasado 16 de abril denunciaba los incumplimientos medioambientales aprobados por la Administración, puesto que nos enfrentamos, como nos explica Mª Jesús, "a un problema del territorio provocado por la acción del hombre, no a un problema individual fruto de la mala suerte".

Tras una sentencia firme, que condena a la Administración regional y al CHN, lo único que se ha conseguido es el desalojo de varias viviendas. Pero el proceso continúa. El subsuelo está formado por arcillas arenosas que rellenan las cavidades calizas. La presión y el soporte lo realizan los acuíferos, el vaciado de estos está derrumbando el valle, transformando el paisaje y con él la vida de decenas de familias.

En 2012, un informe técnico elaborado por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega demuestra la relación entre las continuas filtraciones de agua en las casas del barrio torrelaveguense de La Turbera y la progresiva inundación de la mina de Azsa en Reocin, cerrada desde hace nueve años. "Es como vivir sobre un manantial, el agua brota, se cuela en nuestras casas y estropea todo lo que sea eléctrico". Lo dice desesperado Epifanio Fernández, de 69 años, uno de los vecinos más afectados y que cada día recibe en su casa a periodistas, técnicos, geólogos y políticos sin que nadie le dé solución. "Esto era una mina grandísima, bombeaban continuamente el agua de las galerías y todo estaba bien. Pero desde que cerraron la mina solo hay unas pocas bombas de achique, la mina se ha inundado y el río no es capaza de coger tanta agua; es como un vaso que se desborda, y yo estoy en el borde del vaso".

Varias obras de emergencia para la consolidación de suelo no han surtido efecto (entre ellas un canal de drenaje de cuatro metros de profundidad). Incluso el alcalde, Ildefonso Calderón, ha solicitado un informe a la Universidad para intentar comprender la causa y el remedio. Lo que muchos ven claro, entre ellos los movimientos vecinales, es la relación entre la mina y las filtraciones y, sobre todo, la falta de un estudio que hubiera previsto esta situación antes del cierre.

Pese a que existe un plan de restauración de la mina y relación causa-efecto es cada vez más clara, la compañía ha rechazado cualquier responsabilidad. Y el arquitecto municipal, José Luis Esteban Gavín, determinaba que la Administración carecía de responsabilidad y desestimaba la petición de los vecinos de acometer obras de estudio y refuerzo de las cimentaciones, muy minadas por estos meses de inundación continua, en un informe de 8 de febrero al que tuvimos acceso.

El alcalde, sin embargo ha manifestado reiteradamente que "todo apunta a una relación directa entre las filtraciones de agua en La Turbera (por ejemplo el alto contenido en zinc del área filtrada) y el cierre de la explotación minera, por lo que se que requiere la intervención de los organismos públicos y una mayor efectividad del plan de restauración de la mina".

Todo ello nos desvela un peligro latente en el subsuelo y una cierta falta de previsión y capacidad de intervención de las empresas y las administraciones. Mientras, Epifanio, con su casa cercada por el agua y a pocos metros de una central eléctrica de Eon, se desespera. "No sé cuánto hace que no puedo dormir una noche, sin estar alerta de un derrumbe o de un incendio en la central. Inquieto, sintiendo el peligro bajo sus pies.